La Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA acaba de publicar su ‘Informe sobre el estado de los Derechos Humanos en la salud mental, 2021’, en el que, por séptimo año consecutivo, y a través de la financiación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, expone las vulneraciones de los derechos de las personas con problemas de salud mental, recogidas por el Servicio de Asesoría Jurídica de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, con la colaboración de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de la Confederación.

En esta ocasión, el informe pone el foco y su preocupación, entre otros asuntos, en la salud mental de la población infantil y adolescente, a la que tradicionalmente no se le ha prestado interés ni atención, y que ha hecho que la situación emocional de niños, niñas y adolescentes haya empeorado a raíz de la pandemia.

Irene Muñoz Escandell, asesora jurídica de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA y coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos de la Confederación, advierte que la pandemia no es la causa, porque ya antes de ella había numerosas circunstancias que afectaban a la salud mental de las personas más jóvenes y tampoco se les prestaba atención, pero la pandemia ha venido a reforzar este malestar y a empeorar la situación.

“La privación del movimiento y la estimulación sensorial necesaria, unido en muchos casos a las pérdidas de algún o algunos familiares, el miedo y la incertidumbre, han tenido un efecto adverso en la salud mental de este sector de la población”, señala el informe.

El documento hace hincapié en el agravamiento que se está produciendo en materia de acoso escolar, debido a las redes sociales que convierten al acoso en ciberacoso y propician que este se produzca más allá de los muros del colegio, extendiéndose incluso a espacios y momentos que antes se podían considerar como seguros.

A ello se suma el hecho de que ni las familias, ni el profesorado, se manejan bien el ámbito digital, tal y como reconoce Pablo Duchement, ingeniero informático y perito judicial experto en delitos en redes sociales perpetrados por y contra menores, cuya opinión recoge el informe, por lo que esta falta de conocimiento dificulta la prevención.

El informe también apunta que la Fiscalía General del Estado, en su Memoria de 2021 (Ejercicio 2020), señaló el incremento del ciberacoso en el periodo de confinamiento, y destacó el riesgo en “la utilización masiva por niños, niñas y adolescentes de estas las redes sociales para todo tipo de comunicaciones y las limitaciones que les son propias”. Esta situación, según la Fiscalía, “ha ido agravándose con el paso de los años, a medida que las tecnologías han ido capilarizando las relaciones personales y sociales, y ha encontrado en las medidas de confinamiento derivadas de la infección por COVID-19 un perverso entorno facilitador”.

En este punto, el informe de SALUD MENTAL ESPAÑA, a partir de opiniones expertas y de datos de la Asociación Americana de Pediatría, alerta también de la relación “muy clara entre el acoso escolar y el suicidio infantil”, así como de un aumento en el número de intentos de suicidio en edades jóvenes.

Irene Muñoz reconoce que “el sistema chirría por muchos costados, en el ámbito de la atención emocional y de los problemas de salud mental de los niños y las niñas” y denuncia que “ahora más que nunca estos esquemas se han revelado inservibles, por lo que tenemos que empezar a pensar y a actuar desde otro lugar, con conciencia y poniendo los derechos humanos en el centro”.

Así, SALUD MENTAL ESPAÑA urge a las instituciones y Administraciones públicas programas de formación preceptiva para las y los docentes sobre métodos para prevenir, detectar y atajar el acoso escolar o bullying, así como medidas que permitan el desarrollo de las capacidades de gestión emocional de los alumnos y alumnas, a fin de promover su salud mental y prevenir la aparición de los trastornos mentales en la infancia y, consecuentemente, en la vida adulta.

La necesidad de implantar la perspectiva de género a la salud mental

Otra de las carencias que recoge este informe es la ausencia de perspectiva de género, en la medicina en general, y en la salud mental en particular. Una perspectiva que, a partir de la experiencia propia del servicio de asesoría jurídica, es “muy necesaria”. Habitualmente, las mujeres presentan más demandas de información que los hombres. En esta ocasión, el 66,7% de las consultas fue efectuado por mujeres, frente al 33,3%, por hombres.

Para ejemplificar la situación, Irene Muñoz explica que “la falta de una perspectiva de género es la que permite, por ejemplo, ubicar en la misma planta de un hospital a los neonatos y a las mujeres a las que han extirpado el útero, sin tener en cuenta el impacto emocional que puede tener el llanto de los bebés en una mujer que ya no podrá tenerlos, si ese pudiera haber sido su deseo”.

Además, el rol de cuidados asignado tradicionalmente a las mujeres, les otorga un grado de presencia en la respuesta a los problemas de salud que tiene un impacto en su salud física y mental y en las consecuencias económicas y sociales. Ignorar estas circunstancias solo conduce al agravamiento de las desigualdades.

El informe alerta de que se ha producido un aumento del consumo de tranquilizantes del doble en mujeres que en hombres, y de antidepresivos, donde las mujeres consumen cinco veces más que los hombres. Ante estas circunstancias, SALUD MENTAL ESPAÑA insiste y reivindica un cambio de modelo, más cooperativo y basado la creación de redes que parta de las instituciones y las Administraciones públicas, “que son las que tienen la obligación de suministrar esos servicios básicos y garantizar los derechos humanos”. “No se puede obviar la importancia de incluir el análisis de género para las estrategias de salud mental y tendremos que recordarlo cada año. Forma parte de nuestra labor de concienciación y queda mucho camino por recorrer”, concluye Muñoz.

Reforma sobre la capacidad jurídica

Otro de los aspectos que recoge el informe, con una valoración positiva, es la reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, “aunque hay cosas que trabajar”, puntualiza Muñoz Escandell.

El objetivo de esta reforma legislativa es la adaptación del ordenamiento jurídico español a lo dispuesto por la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), en consonancia con su artículo 12 que proclama que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida y obliga a los Estados a adoptar las medidas de apoyo que puedan necesitar, estableciendo salvaguardias o mecanismos de garantía para impedir abusos. Se trata de cambiar el actual sistema en el que predomina la sustitución en la toma de decisiones, por otro, basado en el respeto a los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona.

El movimiento asociativo de SALUD MENTAL ESPAÑA reclama que se amplíe y flexibilice la red de figuras de apoyo. Según la asesora jurídica, “la norma contempla una red de figuras de apoyo, pero es necesario ampliarla, que sea más flexible, para que se adapte a las necesidades de la persona en cada circunstancia. También es imprescindible crear redes de apoyo entre pares y promover esta figura”.