Mediante este estudio la Defensoría del Pueblo del País Vasco (el Ararteko)  comparte la reflexión que desde los ámbitos profesionales de la salud mental, la magistratura y la doctrina científica viene advirtiendo sobre los efectos hostiles y, nuevamente estigmatizantes, que dicho proyecto puede suponer para las personas que sufren una enfermedad o trastorno mental.

En su opinión, la aprobación de este proyecto significaría un retroceso en la protección de las garantías y derechos reconocidos a partir de la Constitución, los cuales se han ido plasmando en las sucesivas modificaciones legislativas, de carácter sustantivo y procesal, tanto en el orden penal como en el civil.

El tratamiento de la salud mental en el Proyecto de reforma del Código Penal representa la mutación de un “derecho penal del hecho” en “derecho penal de autor”.

En este proyecto se vincula enfermedad mental con peligrosidad, lo que resulta estigmatizante y carece de base empírica alguna.

La peligrosidad no es un concepto clínico ni psicopatológico. No hay fundamento científico para que los profesionales de la salud mental puedan evaluar la presunta peligrosidad de la persona.

Así pues, en opinión del Ararteko, el Proyecto de Código Penal contempla una serie de previsiones que suponen un claro retroceso en el reconocimiento y garantía de los derechos de las personas con enfermedad mental que cometen actos de relevancia penal:

  • Quiebra del sistema vicarial en caso de imposición conjunta de penas privativas de libertad y medidas de seguridad.
  • Posibilidad de prolongación sucesiva de la medida de seguridad de internamiento más allá de la duración de la pena aplicable en abstracto.
  • Imposición automática de la medida de libertad vigilada en supuestos de revocación de la suspensión de la ejecución de la medida de internamiento, así como la posibilidad de dicha revocación por circunstancias pasadas no conocidas en el momento de otorgar la suspensión.

En este estudio, por otra parte, se incide en el deber y responsabilidad de las administraciones públicas en la implantación de un eficaz sistema de intervención sociosanitaria, acorde con la red de servicios de atención en salud mental ya previstos en la normativa sanitaria.

Informa: http://www.ararteko.net/

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