La Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA acaba de hacer público el Informe sobre el estado de los derechos humanos de las personas con trastorno mental en España de 2017, un documento con el que denuncia las principales vulneraciones de derechos humanos de personas con problemas de salud mental. A raíz de los resultados obtenidos, la Confederación pone de manifiesto su preocupación por los tratos inhumanos o degradantes que siguen sufriendo en España las personas con trastorno mental, en base a las denuncias recogidas por su servicio de Asesoría Jurídica a lo largo del año 2017.
El informe insta a prevenir y eliminar la discriminación, ya que “las personas con problemas de salud mental constituyen uno de los colectivos más susceptibles de sufrir situaciones de exclusión, discriminación, explotación y desigualdad”.
Según explica Nel González Zapico, presidente de SALUD MENTAL ESPAÑA, en España “todavía se siguen produciendo acontecimientos que deberían estar superados. Nuestro objetivo y nuestro deber como movimiento asociativo es trabajar por el cumplimiento de los derechos del colectivo, los cuales se ven vulnerados casi a diario y en diferentes formas y contextos”, recalca.
Según Irene Muñoz, asesora jurídica de SALUD MENTAL ESPAÑA, la forma en que España incumple la normativa internacional que protege los derechos de las personas con problemas de salud mental se basa en la “predominancia de una mentalidad que lleva a ver como `normal´ lo que en realidad constituyen graves vulneraciones de derechos humanos“. Muñoz explica que esto da lugar al estigma “que alimenta el prejuicio y conduce a conductas discriminatorias“.
Ingresos involuntarios y otras medidas restrictivas
A través de este informe, editado por tercer año consecutivo, SALUD MENTAL ESPAÑA denuncia que “todavía se sigue de manera general ignorando la diversidad de la persona como ser humano sujeto de derechos y digna de un trato humano”.
En el capítulo ‘Derecho a la libertad y seguridad’, el informe denuncia que en España sigue siendo una práctica habitual los tratamientos forzados y la medicación administrada sin el consentimiento de la persona o en contra de su voluntad, así como la denominada ‘terapia electroconvulsiva’ y medidas restrictivas como el ingreso involuntario, los aislamientos o las contenciones mecánicas.
A este respecto, denuncia que no hay protocolo de actuación único ni normas mínimas a nivel estatal. El informe recoge como ejemplos de vulneraciones el fallecimiento de varias personas a las que les habían aplicado contenciones mecánicas en hospitales psiquiátricos de Asturias y Galicia, así como la falta de asistencia psiquiátrica en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla.
Irene Muñoz destaca que el informe denuncia, entre otras cosas, “la falta de adecuación a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la desconsideración de la doble vertiente social y sanitaria que tiene esta materia, o la carencia de garantías para que la persona ingresada acceda a la justicia en igualdad de condiciones con las demás“.
La perspectiva de género, asignatura pendiente
“La perspectiva de género continúa siendo una asignatura pendiente en el ámbito de la salud mental“, denuncia este documento, y añade que “no se cumplen los estándares internacionales” por lo que “este enfoque cont
inúa excluido en materia de salud mental de manera injustificable“.
Un año más, una de las principales vulneraciones de derechos es la violencia de género. A pesar de que 3 de cada 4 mujeres con problemas de salud mental han sufrido este tipo de violencia, todavía no existen recursos de acogida específicos para personas con trastorno mental.
“Las mujeres con problemas de salud mental se encuentran en ese estadio de la lucha por sus derechos en el quese cuestiona sistemáticamente su condición de víctimas bajo argumentos tales como que su relato no es veraz debido a su problema de salud mental“, asegura Irene Muñoz. “Por lo tanto, estas mujeres se encuentran desprotegidas y excluidas de los recursos, incluso en las ocasiones en las que se constata la violencia, y sus derechos quedan desamparados“, añade.
A esto se añade que “a muchas mujeres y niñas con trastorno mental se les priva de su derecho a fundar una familia y, aún más, se llega incluso a dañar su integridad corporal”. Prácticas como la esterilización forzosa y el aborto coercitivo (sin su consentimiento) continúan vigentes en nuestro país, efectuándose bajo el paraguas de “lo que es mejor para ellas”, según se asegura en el informe.
DESCARGA:Informe sobre el estado de los derechos humanos de las personas con trastorno mental en España. 2017
INFORMA:SALUD MENTAL ESPAÑA