La Federación Salud Mental Andalucía se suma al comunicado de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA y respalda las garantías incorporadas por la Ley 4/2026, en vigor desde el pasado 23 de octubre, para reforzar la protección de los derechos de las personas con problemas de salud mental ante las intervenciones involuntarias.
La Federación considera que estos avances deben ir acompañados de un refuerzo de la atención comunitaria y de los recursos de prevención, que permita ofrecer ayuda antes de que las situaciones de sufrimiento se agraven. Asimismo, insiste en la necesidad de priorizar las alternativas de atención voluntaria y garantizar que, cuando sea necesaria una intervención urgente, las personas reciban información clara y comprensible, cuenten con los apoyos necesarios para tomar decisiones y sean escuchadas, también en los momentos de mayor vulnerabilidad.
«La ley reúne y refuerza garantías que ya venían reconociéndose desde el marco de los derechos humanos. Hablamos de proteger la dignidad y la integridad de las personas en un momento de especial vulnerabilidad. Son derechos que deberían estar siempre presentes en la atención y cuyo cumplimiento debe hacerse efectivo», señala Manuel Movilla, presidente de la Federación Salud Mental Andalucía.
La reforma incorpora nuevas garantías asistenciales, especialmente en materia de consentimiento informado, respeto a la voluntad de las personas y apoyos para la toma de decisiones. Sin embargo, no modifica directamente el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que continúa regulando los internamientos involuntarios. La norma contempla una futura reforma de este precepto para adaptarlo al marco constitucional y de derechos humanos.
Más recursos y alternativas a las intervenciones involuntarias
Para Salud Mental Andalucía, la aplicación de estas garantías representa también una oportunidad para extender las buenas prácticas de humanización de la atención y avanzar hacia un modelo comunitario, con recursos suficientes para acompañar a las personas de forma continuada y responder a sus necesidades antes de que se produzca una crisis.
«La escasez de recursos dificulta una atención cercana, continuada y respetuosa con los tiempos de cada persona. Para hacer efectivos estos derechos hacen falta profesionales suficientes, apoyos en la comunidad y alternativas reales a las intervenciones involuntarias. Los equipos necesitan medios para poder ofrecer esa respuesta», añade Movilla.
La Federación reclama, además, que el desarrollo y la aplicación de estas medidas cuenten con la participación de las personas con experiencia propia en salud mental, sus familias, el movimiento asociativo y los equipos profesionales. Considera que su implicación es fundamental para identificar las necesidades existentes y garantizar que los derechos reconocidos por la ley se respeten en la práctica asistencial.
«Necesitamos espacios donde se pueda acompañar a las personas en sus procesos vitales con respeto, escucha y cuidado. Atravesar una crisis de salud mental no puede hacer que su voz deje de contar», subraya el presidente.
En este sentido, Salud Mental Andalucía destaca la importancia de escuchar directamente a las personas y, cuando no puedan expresar su voluntad, tener en cuenta sus instrucciones previas sanitarias y voluntades anticipadas, así como los apoyos y las medidas de representación que hayan establecido, incluidos, cuando proceda, los poderes notariales.
«La protección de la vida debe ir de la mano de la protección de la dignidad y de los derechos humanos», concluye Movilla.
Dos sesiones formativas sobre las novedades en discapacidad y dependencia
Con el objetivo de facilitar el conocimiento de las recientes reformas legislativas y sus implicaciones, la Federación Salud Mental Andalucía está organizando dos sesiones informativas y formativas, en formato webinar, bajo el título «Novedades normativas en materia de discapacidad y dependencia».
La primera tendrá lugar el 19 de noviembre, a las 17:00 horas, y será impartida por Manuel Jesús García, abogado de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de la Junta de Andalucía.
La segunda sesión se celebrará el 26 de noviembre, a las 11:00 horas, con la participación de José Manuel Ramírez, trabajador social, profesor de la Universidad de Málaga y presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Con esta iniciativa, Salud Mental Andalucía quiere acercar las novedades normativas a su red asociativa y facilitar herramientas que contribuyan a conocer, ejercer y defender los derechos de las personas con problemas de salud mental.