La Federación Salud Mental Andalucía celebra la aprobación en el Congreso de los Diputados de la reforma de las leyes de Discapacidad y Dependencia, que incorpora avances especialmente relevantes para las personas con problemas de salud mental.
El proyecto fue aprobado por el Pleno del Congreso el 14 de julio y continúa ahora su tramitación parlamentaria antes de su aprobación definitiva.
Entre sus principales novedades se encuentra el nuevo artículo 13 bis sobre atención integral y comunitaria en materia de salud mental, que reconoce que la atención no puede limitarse al tratamiento clínico o farmacológico. Debe integrar apoyos sanitarios, sociales, educativos y familiares que permitan a las personas desarrollar su proyecto de vida, ejercer sus derechos y participar plenamente en la comunidad.
Manuel Movilla, presidente de la Federación, celebra que el artículo sitúe en el centro la voluntad, los deseos y las preferencias de cada persona, así como el consentimiento libre e informado y los apoyos necesarios para participar en las decisiones relacionadas con su salud.
El texto también establece la consulta de las instrucciones previas y de la planificación anticipada de decisiones cuando la persona no pueda decidir en un momento determinado, incluso contando con los apoyos necesarios.
Además, obliga a agotar las alternativas voluntarias antes de adoptar determinadas medidas involuntarias y señala que las contenciones mecánicas deben ser excepcionales, registrarse como incidentes de seguridad del paciente y someterse a una evaluación posterior.
Asimismo, se prohíben las intervenciones involuntarias aplicadas automáticamente sin una evaluación individual, su mantenimiento sin justificación y su utilización con una finalidad punitiva o disciplinaria.
“El artículo 13 bis incorpora garantías jurídicas de gran relevancia de protección de la dignidad de las personas que ya estaban previstas en normas de diferente rango, pero de escaso conocimiento y aplicación. Refuerza el consentimiento informado, la toma de decisiones con apoyo y el respeto a la voluntad de la persona. También introduce límites claros frente a las intervenciones involuntarias y exige el agotamiento previo de vías alternativas voluntarias y de menor intensidad, y en caso de tener que ser utilizadas la existencia de un protocolo y el registro obligatorio de las mismas”, explica Ana Mingarance, asesora jurídica de la Federación Salud Mental Andalucía.
La asistencia personal como apoyo para una vida elegida
La reforma amplía también la figura de la asistencia personal, que pasa a orientarse de manera más amplia a la autonomía, la vida independiente y la inclusión en la comunidad.
El servicio podrá reconocerse a personas en cualquiera de los grados de dependencia y con independencia de su edad. Deberá prestarse conforme a un plan personal elaborado a partir de sus necesidades, voluntad, deseos y preferencias.
En el ámbito de la salud mental, la asistencia personal puede facilitar apoyos para organizar la vida cotidiana, mantener la vivienda, realizar gestiones, acudir a citas, participar en actividades sociales, acceder al empleo o a la formación y fortalecer las relaciones con el entorno.
La persona asistente debe acompañar y facilitar apoyos, pero no sustituir las decisiones de quien recibe el servicio ni convertirse en un instrumento de vigilancia o control.
Para acceder a esta figura será necesario tener reconocida una situación de dependencia y que la asistencia personal se incorpore al Programa Individual de Atención.
Por ello, Salud Mental Andalucía considera fundamental que los procesos de valoración identifiquen correctamente las necesidades de apoyo derivadas de los problemas de salud mental. Estas necesidades no siempre son visibles ni están relacionadas con una limitación física, pero pueden afectar de forma importante a la autonomía y a las actividades de la vida diaria.
“La reforma abre una oportunidad para que la asistencia personal deje de ser una prestación minoritaria y se convierta en un apoyo real para las personas con problemas de salud mental. El reto será conseguir que este derecho llegue a quienes lo necesitan y no se quede únicamente recogido en la norma”, señala Manuel Movilla, presidente de Salud Mental Andalucía.
En Andalucía, la espera sigue siendo demasiado larga
La aplicación efectiva de los nuevos derechos dependerá de la capacidad del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para valorar, resolver y ofrecer los apoyos dentro de unos plazos razonables.
Según el informe del Observatorio Estatal para la Dependencia, elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales con datos oficiales actualizados a 31 de marzo de 2026:
- 49.900 personas permanecían en Andalucía esperando algún trámite relacionado con la dependencia.
- Durante el primer trimestre de 2026, la lista de espera aumentó en 9.808 personas, un 24,5 %.
- El tiempo medio de tramitación se situaba en 464 días, frente al plazo máximo legal de 180 días.
- Entre enero y marzo de 2026, 1.567 personas fallecieron en Andalucía mientras esperaban la valoración de su grado o la resolución de la prestación correspondiente.
Para la Federación, estos datos muestran que es necesario seguir reforzando el sistema y acelerar los procedimientos. Una espera de más de un año puede significar que una persona afronte sin apoyos una situación de aislamiento, pérdida de autonomía, sobrecarga familiar o empeoramiento de su salud.
“Celebramos el reconocimiento de nuevos derechos, pero los derechos deben poder ejercerse. Cuando una persona espera 464 días para recibir una respuesta, no estamos hablando solo de un expediente administrativo: hablamos de su vida diaria, de su familia y de los apoyos que necesita”, afirma Manuel Movilla.
Diálogo y colaboración para avanzar
Salud Mental Andalucía confía en que, una vez finalizada la tramitación parlamentaria y aprobado el correspondiente desarrollo normativo, Andalucía pueda avanzar con agilidad en la incorporación de estos derechos.
La Federación considera necesario reforzar los procesos de valoración, facilitar la inclusión de la asistencia personal en los programas individuales de atención y desarrollar un modelo adaptado a las necesidades de las personas con discapacidad psicosocial.
También será importante mejorar la coordinación entre los servicios de salud mental y los servicios sociales, formar a los equipos profesionales y garantizar que los nuevos apoyos lleguen tanto a las grandes ciudades como a los municipios pequeños y a las zonas rurales.
Salud Mental Andalucía ofrece su conocimiento y experiencia a la Administración autonómica para colaborar en este proceso, contando con la participación de las asociaciones, las familias, los equipos profesionales y, especialmente, las personas con experiencia propia en salud mental.
“Andalucía tiene ante sí la oportunidad de avanzar hacia un modelo más comunitario, respetuoso y centrado en las personas con problemas de salud mental. Desde la Federación estaremos disponibles para colaborar, pero también atentos para que estos avances se traduzcan en apoyos concretos y accesibles”, concluye Manuel Movilla.
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