La microcredencial universitaria desarrollada junto a la Universidad Pablo de Olavide refuerza la preparación del movimiento asociativo andaluz en facilitación procesal y apoyo a la toma de decisiones.
La Federación Salud Mental Andalucía ha formado a 18 personas profesionales de entidades del movimiento asociativo andaluz en la microcredencial universitaria especializada en derechos y acceso a la justicia para personas con discapacidad, impulsada en colaboración con la Universidad Pablo de Olavide.
La formación, 100 % virtual, se desarrolló con una carga de 75 horas y 10 créditos ECTS, situándose en el Nivel MECES 3 (EQF 7). La Federación ha formado parte del equipo docente, aportando conocimiento aplicado desde la experiencia en salud mental y defensa de derechos.
El programa ha estado orientado a capacitar perfiles profesionales para garantizar la inclusión, la participación efectiva y el ejercicio pleno de la capacidad jurídica en el sistema judicial, en coherencia con las reformas normativas recientes en materia de discapacidad.
La microcredencial se ha estructurado en tres ejes clave:
- Transición desde modelos asistenciales hacia el paradigma social y de apoyos.
- Análisis del marco legislativo vigente en relación con la capacidad jurídica.
- Implementación de adaptaciones técnicas y procesales que aseguren comprensión, comunicación accesible y participación real en entornos judiciales.
Con esta formación, el movimiento asociativo andaluz consolida su preparación para acompañar el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y fortalecer el papel de las figuras profesionales en la facilitación procesal. Se trata de un avance estratégico que posiciona a las entidades como agentes cualificados en la garantía de derechos dentro del sistema de justicia.
La especialización adquirida permite elevar el estándar del acompañamiento a personas con problemas de salud mental, incorporando prácticas más precisas, centradas en la autonomía y coherentes con el enfoque de derechos humanos. La actualización permanente de los equipos profesionales contribuye así a una intervención más sólida, con mayor seguridad jurídica y mayor impacto en la protección efectiva de derechos.
Según datos del Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio de Derechos Sociales, la implementación efectiva de las reformas en capacidad jurídica requiere profesionales formados en apoyos personalizados y accesibilidad procesal. En este contexto, la cualificación específica se convierte en un elemento estructural para avanzar hacia una justicia más inclusiva y garantista.
La Federación Salud Mental Andalucía reafirma de este modo su compromiso con la profesionalización del movimiento asociativo y con la construcción de entornos judiciales que reconozcan, respeten y hagan efectivo el derecho de todas las personas a decidir y participar en condiciones de igualdad.