Manuel Movilla, presidente de FEAFES Andalucía Salud Mental, se ha reunido con las senadoras Nieves Hernández, viceportavoz de Interior en el Senado; Estefanía Martín Palop, portavoz Migraciones, vicepresidenta de entidades locales, y secretaria primera de Igualdad y Violencia de Género; y Patricia Abascal, portavoz de Personas en situación de Discapacidad del grupo parlamentario socialista del Senado, para trasladar la preocupación existente en las entidades de salud mental de Andalucía sobre la falta de financiación de los programas de intervención en centros penitenciarios, así como el retraso que lleva la comunidad autónoma en asumir las competencias en materia de sanidad penitenciaria.
Estos programas, que se estaban llevando a cabo desde hace 18 años a través de la subvención del IRPF estatal, se han quedado, por primera vez, sin subvención en la resolución de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía de la convocatoria anual de ayudas a entidades privadas para fines sociales con cargo al 0,7% del IRPF. Esto supone que, en nuestra comunidad autónoma, se dejen de atender a 1207 personas especialmente vulnerables, privadas de libertad y de dar los apoyos necesarios para atender su problema de salud, o a punto de salir de un entorno penitenciario, y de dar apoyo a sus familias en el proceso de rehabilitación.
Por otra parte, Movilla también ha traslado a las senadoras que a pesar de que la Junta de Andalucía había anunciado hace meses que el traspaso de competencias en materia de sanidad penitenciaria se iba a hacer efectiva, a día de hoy, no tenemos constancia de este hecho, no solamente no se han asumido las competencias, sino que además, las entidades sociales que llevan a cabo los programas de reincorporación social de personas con problemas de salud mental judicializadas, y de apoyo a la rehabilitación psicosocial de personas afectadas por problemas de salud mental internas en centros penitenciarios han dejado de recibir la financiación para atender a estas personas.
Estas mismas propuestas fueron planteadas por la Federación en una reunión celebrada el pasado 26 de marzo con el director general de Servicios Sociales, Francisco José Vidal Mazo, en ella, el presidente de la Federación manifestó la gravedad del asunto.
Movilla, ha pedido “que intermedien para buscar una respuesta urgente a este problema, que se informe por la vía adecuada a Instituciones Penitenciarias para que se haga eco de la situación y se garantice la asistencia social a estas personas, así como la subsistencia y estabilidad de estos programas esenciales realizados por el movimiento asociativo de salud mental”.
Por su parte Nieves Hernández, viceportavoz de Interior en el Senado ha informado a la entidad de que la financiación a través de IRPF este año será mayor para las comunidades autónomas, y se ha comprometido en buscar alternativas de financiación, de cara al 2022, para los programas y atenciones a personas con problemas de salud mental en el ámbito penitenciario.
Las entidades federadas, según informa Movilla “llevamos años manteniendo estrechas alianzas con la red de técnica de Instituciones Penitenciarias, así como con el sistema judicial, y nos preocupa que esta estructura consolidada y altamente profesionalizada se venga abajo, precisamente en un medio tan olvidado como es el de las personas judicializadas que, en muchos casos, pertenecen a familias desestructuradas”, y esto, ha añadido puede representar un agravamiento de su situación por la comorbilidad de un problema de salud mental.
A la reunión han asistido también Carmen Sibaja, vicepresidenta de la entidad Andaluza y presidenta de Afenes Salud Mental Málaga y María Domínguez, miembro de la directiva de la Federación y presidenta Feafes Huelva Salud Mental. FEAFES ANDALUCÍA SALUD MENTAL es una entidad sin ánimo de lucro considerada de interés social, declarada de utilidad pública, que se constituyó en 1992 con el objetivo de favorecer la adopción de medidas que contribuyan a la recuperación y a la mejora de la calidad de vida de las personas con trastorno mental y la de sus familias, defender sus derechos y representar al movimiento asociativo creado en torno a la salud mental. En la actualidad está integrada por 17 asociaciones.