La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha presidido en San Telmo la firma de un convenio gracias al cual la Junta reforzará su estrategia de sensibilización y defensa de los derechos y la imagen social de las personas con problemas de salud mental. Han firmado este acuerdo las Consejerías de SaludIgualdad y Políticas SocialesEducación y Cultura; la Federación Andaluza de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES); la Federación Andaluza de Asociaciones de Salud Mental ‘En Primera Persona’; la RTVA, la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM) y la Escuela Andaluza de Salud Pública.

La presidenta de la Junta ha valorado que este acuerdo renueva el trabajo conjunto que viene desarrollando el Gobierno andaluz desde 2004 con el movimiento asociativo, las familias y las personas afectadas y que ha “marcado el camino a otras comunidades autónomas”, al tiempo que se ha mostrado convencida de que este convenio va a situar también a Andalucía como pionera. Además de la investigación, Susana Díaz ha abogado por la educación desde edades tempranas sobre los problemas de salud mental y por la sensibilización a través de los medios de educación, como demuestra la implicación de la Consejería de Educación y de la RTVA, respectivamente, en este acuerdo.

La presidenta ha señalado la “estigmatización” y la carencia de una “sensibilización global” como dos de los problemas a los que se enfrentan estas personas, al tiempo que ha recordado que “cualquiera de nosotros en cualquier momento puede sufrir una enfermedad mental y la sociedad tiene que ser capaz de proteger sus derechos”.

Datos del convenio marco

El acuerdo suscrito incorpora a la Federación ‘En Primera Persona’, la Consejería de Cultura y la Escuela Andaluza de Salud Pública a la línea de trabajo que viene desarrollando el Ejecutivo andaluz con entidades y familias desde 2004.

El modelo de colaboración que tiene Andalucía es pionero y se ha extendido a otras comunidades autónomas y ha repercutido de forma positiva en la imagen de las personas con problemas de salud mental y en la conciencia social sobre sus derechos, por lo que este nuevo convenio busca aumentar el conocimiento, la imagen social y la aceptación de las personas con problemas de salud mental, a la vez que defender sus derechos y su recuperación e integración social.

De esta forma, las Consejerías y entidades firmantes se comprometen a difundir una imagen objetiva y justa de las personas con problemas de salud mental, defendiendo que tienen los mismos derechos que el resto de la ciudadanía, derechos que deben ser garantizados para su ejercicio pleno, sin discriminación y en igualdad de condiciones mediante todas las acciones, políticas, programas o iniciativas posibles.

Entre dichas acciones, se proyectan estudios e investigaciones, cursos y seminarios de formación, campañas informativas o tratamiento informativo preferente (por parte de la RTVA), concesión de premios a iniciativas locales, cooperación nacional e internacional con iniciativas de lucha contra el estigma en salud mental y elaboración de materiales.

Para el seguimiento de este acuerdo marco se creará un grupo de trabajo que será responsable de las actuaciones concretas para el desarrollo, ejecución, seguimiento y evaluación, y será el que proponga los convenios específicos y realice sus evaluaciones.

Atención sanitaria y social

En Andalucía, la atención a las personas con trastornos mentales graves se desarrolla en los servicios sanitarios y sociales, de base y orientación comunitaria, y en una red específica de recursos de apoyo social gestionada por FAISEM, dentro de las líneas de actuación del III Plan Integral de Salud Mental. Este plan supone un avance en la defensa de los derechos y la lucha contra la discriminación de personas con problemas de salud mental, ya que promueve el movimiento asociativo y la acción intersectorial y apuesta por continuar sensibilizando a la sociedad y formar en derechos a los profesionales del ámbito sanitario, social, educativo, jurídico y cuerpos de seguridad, además de las personas afectadas y familias.

Este Plan prioriza, asimismo, la atención a la infancia y la adolescencia, así como a las personas en situación de riesgo o desventaja social, entre las que se encuentran, las personas mayores, aquellas con discapacidad intelectual, las personas sin hogar, los inmigrantes, las internadas en centros penitenciarios y las mujeres víctimas de violencia de género.

En el ámbito asistencial, la sanidad pública atiende a más de 260.000 personas al año en las cerca de 80 Unidades de Salud Mental Comunitaria que existen en la comunidad. Estos dispositivos sirven de apoyo a los profesionales de los centros de salud, prestan atención ambulatoria y domiciliaria y coordinan la derivación de casos a otros dispositivos más específicos cuando sea necesario.

FAISEM, entidad en la que trabajan más de un millar de profesionales, cuenta con un programa residencial con cerca de 2.000 plazas entre casas hogar, viviendas supervisadas, y atención en residencias; un programa de soporte diurno con más de 4.900 plazas entre centros de día, actividades ocupacionales, clubes sociales y programas de vacaciones; y un programa de empleo que atiende a más de 2.100 personas al año.

Nueva Ley andaluza de Servicios Sociales

Un importante paso en la integración social y defensa de los derechos de las personas con problemas de salud mental ha sido la aprobación de la nueva Ley andaluza de Servicios Sociales, que establece la obligación de promover la igualdad efectiva de las personas, eliminando discriminaciones o estigmas. Asimismo, la Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad estipula que las personas con necesidades de apoyo para el ejercicio de la autonomía o para la toma libre de decisiones, así como las personas sometidas al estigma social, se consideran en situación de ‘especial vulnerabilidad’ frente a discriminaciones y, por ello, deberán ser objeto de medidas de acción positiva adicionales.

Por ello, esta norma garantizará la reserva de un porcentaje de la oferta de empleo público y de las bolsas de trabajo temporal para las personas con enfermedad mental. Esta medida supone una decidida apuesta del Gobierno andaluz en la lucha contra el estigma en salud mental y la discriminación en el acceso al empleo. Además, promoverá que los medios de comunicación social reflejen una imagen ajustada, respetuosa, plural e inclusiva de las personas con discapacidad e incluyan contenidos destinados a informar sobre la realidad social y necesidades de las personas con discapacidad.

Detección temprana

En el ámbito educativo, se desarrolla la prevención de la enfermedad mental, así como la detección temprana que permita una intervención especializada desde el momento en el que estas necesidades se detectan. El alumnado con enfermedad mental es considerado alumnado con necesidades educativas especiales y, en consecuencia, es destinatario de medidas específicas de atención a la diversidad que compensan las dificultades y favorecen el éxito educativo.

Por otro lado, el sistema educativo es, en línea con las finalidades de este convenio, un espacio esencial para la sensibilización, el conocimiento y la lucha contra la estigmatización de las personas con enfermedad mental.

Además, este convenio garantiza que el gobierno andaluz seguirá impulsando una política cultural solidaria y comprometida, poniendo una mirada especial en las personas con problemas de salud mental. En este sentido, la Filmoteca de Andalucía o el Centro Andaluz de Arte contemporáneo ya están trabajando en la sensibilización social y en el acercamiento y acceso a la cultura para este tipo de personas con la realización de talleres de artes visuales o ciclos de conferencias y cine. El objetivo es construir una sociedad más justa e integradora y avanzar en una política cultural para todos y todas sin distinción.

Foto: OPJA(GC)