La Federación Andaluza de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES-Andalucía) se reúne con expertos del sistema penitenciario, sanitario, y social, con el objetivo de generar un debate sobre las actuales medidas de seguridad, y su pretendida función rehabilitadora para las personas afectadas por problemas de salud mental. La jornada, que se lleva a cabo el 23 de noviembre en el Parlamento de Andalucía, está destinada a profesionales relacionados, entre otros, con el ámbito de la salud mental, del sistema penitenciario, de la abogacía, de los servicios sociales, y de la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental.
El objetivo de esta jornada de trabajo es analizar la situación de las personas afectadas por un problema de salud mental ante el sistema penal y penitenciario; los problemas de la adecuada detección de estas personas, que, ante el aumento de los “juicios rápidos”, ven reducidas las garantías de que el procedimiento se desarrolle apreciando estas circunstancias de forma adecuada; las posibles vías alternativas de cumplimiento de las consecuencias de los hechos delictivos cometidos y, por ende, poniendo en cuestión el derecho de estas personas al acceso a la tutela judicial efectiva, es decir a un “juicio justo” . En este sentido, es necesario analizar la necesidad de la creación de un turno de oficio específico para personas con discapacidad.
FEAFES-Andalucía Salud Mental considera que cada vez que se produce un acto o hecho presumiblemente delictivo por una persona que puede padecer un problema de salud mental, el tratamiento debería ser especial…y no es así en nuestra realidad procesal. De hecho, el propio Tribunal Supremo en alguna de sus sentencias ha echado en falta la existencia un estatuto procesal del “inculpado inimputable”.
Los actos penales provocados por una persona que padece Trastorno Mental Grave, en el curso de una actuación policial de auxilio (como por ejemplo en el caso de que un familiar llame a la policía porque su hijo afectado está alterado, con delirios… en definitiva descompensado), es decir, los que se provocan como consecuencia de su enfermedad, a nuestro modo de ver deberían estar totalmente despenalizados. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en estos casos deben tener presentes que están actuando bajo funciones de auxilio y no de prevención y persecución de delitos.
Concha Cuevas, presidenta de FEAFES-Andalucía añade que “en estas situaciones, es importante que el procedimiento en Derecho Penal sea por el cauce ordinario y no por Diligencias Urgentes, para evitar los juicios rápidos que por su celeridad y volumen de trabajo en la guardia donde se instruyen, no permiten llegar a analizar con detenimiento este tipo de causas”.
La asesora jurídica de FEAFES-Andalucía, Concepción Toro, dice que “lamentablemente, los juicios rápidos constituye una de las trampas del sistema, pues prácticamente todas las causas en las que se ven inmersas personas con enfermedad mental (ámbito familiar, orden público…) tiene este cauce previsto” y ha añadido que “los abogados debemos insistir en que estamos ante una causa compleja y que es merecedora de tramitarse por el cauce ordinario (art. 795 de la Lecrim.), evitando así una sentencia de condena inminente y alejamiento de las personas que probablemente son el único apoyo que tienen, padres o hermanos”.
Sin embargo y pese a las cautelas que se deberían tomar en la tramitación de procedimientos donde exista comisión de delitos por personas que padecen enfermedad mental, la realidad es que hay personas que padeciendo un problema de salud mental están en centros penitenciarios, estas personas que no han pasado por el filtro de la inimputabilidad, y entran en prisión. No olvidemos que entran con su enfermedad y requieren una adecuada atención sanitaria y social especializada a la patología. Esta situación ha sido denunciada por numerosas Asociaciones y el Defensor del Pueblo, pero las posibilidades que tenemos para solventar esto son exiguas, sin olvidar que el ámbito penitenciario es cerrado y muy poco sensible. El resultado es lamentable y merecedor de autocrítica: no es propio de una sociedad democrática dar respuesta a estas situaciones con un instrumento de última ratio, él derecho penal.
El sistema jurídico penal y la administración penitenciaria deberían encaminarse a un modelo basado en el principio constitucional de “rehabilitación y reinserción de la persona que padecen algún tipo de problema de salud mental” y garantizar que, mientras se encuentren sometidos al sistema penitenciario van a recibir las prestaciones del sistema de salud en igualdad de condiciones que la población general, porque están privados del derecho a la libertad pero no deben ser privados del derecho a la salud.
La Jornada ha sido inaugurada por el Presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán Sánchez; la Secretaria General de Servicios Sociales, Purificación Gálvez, y el Subdirector general de coordinación de Sanidad Penitenciaria, Jose Manuel Arroyo. Se llevan a cabo gracias al convenio de suscrito con el Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucía y FAISEM, y el patrocinio de Janssen.