El Observatorio de la Salud Mental de Andalucía (OSMA) se reunió con el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu Gregorio de Tejada, para definir y proponer medidas alternativas a la injusta, innecesaria e inconstitucional reforma del Código Penal que está elaborando el Gobierno de España y que condena al internamiento a perpetuidad de las personas con problemas de salud mental.
Para el OSMA la propuesta de reforma del Código Penal viola la Convención de la ONU de las personas con discapacidad y arrebata a las personas con enfermedad mental el derecho a la protección de su salud, a la rehabilitación social y a la reinserción social. Para el movimiento asociativo FEAFES, “Estamos ante la reforma de los prejuicios, del estigma y del desconocimiento”. Esa es la principal motivación por la que desde FEAFES, desde que se conociera el ante-proyecto de ley de Reforma del Código Penal, hoy ya proyecto, se ha abierto una lucha en defensa de los derechos fundamentales de las personas con enfermedad mental.
El Defensor Andaluz ha manifestado su preocupación por esta reforma, que considera un retroceso en la garantía de los derechos de este colectivo al relacionar la enfermedad mental con el concepto subjetivo de “peligrosidad”. Una medida que ha calificado de error de concepto que cree que obedece más a un concepto falso de seguridad para la sociedad, por lo que ha abogado por la necesidad de legislar conforme a la realidad de este colectivo, siendo fundamental escuchar a los profesionales y asociaciones que trabajan con ellos. Ha defendido, además, la importancia de reforzar el modelo actual de atención sanitaria y social de estos pacientes, atendiendo al perfil de los usuarios, como vía para evitar su estigmatización y problemas de exclusión social.
El Defensor ha recordado que esta situación ya fue tratada en las XXVIII Jornadas de Coordinación de los Defensores del Pueblo, celebradas el año pasado, donde concluyeron en la necesidad de adaptar el ordenamiento jurídico español y de las comunidades autónomas a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Dispacapidad, que reconoce el derecho de estas personas en condiciones de igualdad y promover el respeto de su dignidad inherente. En este sentido, ha informado que trasladará su preocupación por las consecuencias de la reforma a sus homólogos autonómicos y al Defensor Estatal, en sintonía con lo que se acordó en dicha jornada.
La reforma del Código Penal que está debatiéndose en el Congreso de los Diputados supone un ataque frontal a los derechos de las personas con trastorno mental. En dos sentidos, el primero porque abre la posibilidad de que una persona pueda ser internada en la cárcel como medida de seguridad permanente a través de la figura de las condenas revisables independientemente de la gravedad del delito, y, segundo, porque relaciona la enfermedad mental con el concepto subjetivo de “peligrosidad”. Medidas como esta ayudan a mantener los prejuicios y dificultan la integración social de este colectivo.
Desde el punto de vista de OSMA la prórroga de la medida de seguridad permitiría privar de libertad a un ciudadano por la mera suposición de que pueda cometer un delito en el futuro debido a su diagnóstico, algo que es claramente inconstitucional y viola la convención de la ONU de personas con discapacidad. Exigen la retirada del término peligrosidad del texto, la eliminación de la figura de medida de seguridad revisable y junto con el movimiento asociativo piden que no se prime el internamiento en centros penitenciarios por encima de tratamientos en el ámbito comunitario tanto social como sanitario.
Es importante señalar la enfermedad mental no es igual a psicopatía. Los centros penitenciarios no son lugares adecuados para una rehabilitación, el fin de un tratamiento más intensivo debe ser la recuperación de las habilidades de la persona, jamás pueden tener un fin represor de conductas que no han ocurrido o de aislamiento.
La presidenta de FEAFES-Andalucía, Concha Cuevas, ha asegurado que “al hacer oídos sordos” ante las advertencias de inconstitucionalidad y de vulneración de la Convención de la ONU realizadas por expertos juristas este Gobierno y, en concreto el Ministro de Justicia, D. Alberto Ruiz Gallardón, sería considerado como un presunto violador de los derechos humanos de las personas con problemas de salud mental ya que, de aprobarse esta reforma, condenaría al colectivo a quedar sometido al régimen penitenciario por tiempo indefinido al arbitrio la percepción subjetiva que de ellos tengan los juzgadores”, quien ha añadido que “la rehabilitación de las personas con enfermedad mental debe correr a cargo del Sistema Andaluz de Salud y de FAISEM no del sistema penitenciario”. Además, ha asegurado que “hay alternativas” como los pisos tutelados o comunidades terapéuticas.
El Estado Español se está transformando de un modelo social y de bienestar hacia otro de caridad y la exclusión. De un modelo para la rehabilitación hacia uno que propicia la exclusión de los que según el gobierno son “peligrosos”. Se están dando pasos hacia un escenario preconstitucional. Por este motivo, los expertos reunidos en el Observatorio de Salud Mental de Andalucía analizarán y propondrán medidas conjuntas que permitan trasladar al Gobierno la oposición frontal de Andalucía a su reforma.