En el escrito remitido a la Defensora del Pueblo se señala que el tratamiento que el proyecto de reforma del código penal hace de las personas con enfermedad mental no incrementa la seguridad de la población y supone un grave perjuicio para estas personas por la estigmatización que de las mismas se hace al equiparar su condición con un factor de peligrosidad social merecedor de un especial tratamiento punitivo.
En este sentido, se le solicita que proceda al estudio y valoración de las consideraciones expuestas, y, adopte, si así lo estima oportuno, las medidas que estime pertinentes para la adecuada regulación en dicha norma de los derechos de las personas con enfermedad mental.
Ver escrito remitido a la Defensor del Pueblo