El presidente de la Federación Salud Mental de Andalucía -antes FEAFES-, Manuel Movilla, compareció ayer ante la comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación del Parlamento de Andalucía con motivo del Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía.
Movilla expuso ante la comisión que, “aunque la reforma propuesta en la Ley afectaba principalmente a las barreras de la discapacidad física, las personas con problemas de salud mental también tiene barreras, aunque son invisibles, y la mayor barrera que encontramos para la recuperación y la inclusión social es el estigma”.
Por ello la Federación ha presentado una serie de alegaciones y propuestas de mejora a la Ley entre las que se encuentra el incremento hasta el 2% de la reserva de plazas de empleo público a personas afectadas por trastorno mental grave; la obligatoriedad de segregar datos de discapacidad por problemas derivados de salud mental y el impulso de turnos específicos de justicia gratuita especializados para personas con discapacidad para cualquier tipo de procedimientos.
El acceso al empleo de calidad es una de las herramientas fundamentales para garantizar la autonomía, recuperar la autoestima y prevenir situaciones de exclusión. La ley tiene que mejorar la regulación de la reserva de plazas para señalar específicamente que dicha reserva está prevista para personas afectadas por trastorno mental grave, y prever mecanismos específicos de apoyo que faciliten la ocupación efectiva de los puestos y el mantenimiento ya que según el INE 2020, la tasa de empleo es de 17,1%. Es una situación desoladora.
Para la Federación los colectivos de discapacidad necesitan atención especializada y acompañamiento en los procedimientos judiciales de cualquier tipo, por ello es necesario el otorgamiento de asistencia jurídica gratuita en todo tipo de procedimientos (asistan como agredidos o como agresores).
La Convención de la ONU obliga a los Estados a garantizar los apoyos necesarios en el acceso a la Justicia, y, esto solo se puede realizar a través de profesionales formados que puedan acompañar en cada procedimiento del tipo que sea.
El sistema judicial y penitenciario, es rígido y complejo, y, en el caso de este colectivo se generan muchas dificultades para acceder a la información y desenvolverse de forma correcta. Como por ejemplo en procedimientos por delitos leves y los procesos de prestaciones de apoyos que en este momento están configurados para asistir sin necesidad de abogado y procurador, pero, en muchas ocasiones, asistir sin la defensa técnica ocasiona situaciones de tensión y vulnerabilidad en los que, además, el estigma asociado a la salud mental contribuye de forma muy negativa.
Otra de las demandas históricas es que se amplíe el catálogo de infracciones y sanciones reflejando infracciones por acciones que afecten a todo el colectivo, como lo fue el espectáculo circense o recogidas de firmas basadas en ideas erróneas o estigmatizantes.
Reflejar de forma específica la posibilidad de defender colectivamente la imagen que se transmite de las personas con problemas de salud mental, permitiría denunciar este tipo de situaciones, y contribuye a que estas personas no tengan que seguir sufriendo comentarios hirientes, o difusiones de videos, de mofa, o que se traslade una imagen degradante, negativa y distorsionada que atente de forma deliberada contra su dignidad y honor.