Con motivo del Día Internacional de las Trabajadoras y los Trabajadores, que se celebra el próximo jueves 1 de mayo, la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA lanza una nueva edición de la campaña #EmplearSinBarreras, en la que difunde una serie de materiales con el objetivo de visibilizar los derechos que se ven vulnerados al no tener acceso a un empleo, una situación que viven de forma especialmente frecuente las personas con problemas de salud mental. Se trata de una iniciativa financiada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
Las personas con problemas de salud mental sufren una gran discriminación en el acceso al empleo. Los datos más recientes publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que la tasa de actividad de las personas con discapacidad psicosocial es la más baja de todas las discapacidades (27,4%, frente al 35,5%, que es la media de todas las discapacidades), y está muy por debajo de la de las personas sin discapacidad (78,5%). Además, las personas con discapacidad psicosocial tienen la menor tasa de empleo, del 19%, casi diez puntos menos que la del conjunto de personas con discapacidad[1].
A esto se suman las barreras al empleo, como el estigma[2] que existe en la sociedad y en las propias empresas, manifiesto a la hora de contratar a personas con problemas de salud mental u ofrecerles los apoyos necesarios para su desempeño profesional. Además, tal como recoge el décimo informe ‘La situación de las personas con discapacidad en el mercado laboral’, elaborado por el Observatorio sobre discapacidad y mercado de trabajo en España (ODISMET) de la Fundación ONCE, la precariedad laboral y los bajos sueldos (brecha salarial) forman parte de esta problemática. Según el estudio, en referencia a los salarios “hay que hablar de ‘involución’”, ya que “la brecha salarial entre la población con y sin discapacidad ha crecido un 7,2%”[3]. Es un contraste cuyas consecuencias van mucho más allá de la ausencia de una forma de sustento.
No acceder a un trabajo implica un bloqueo a otros derechos, que resultan vulnerados. Tal es el caso del derecho a la vivienda, la autonomía o vida independiente, la gestión de la propia economía y de los recursos personales, la participación social, la igualdad, la cultura y el ocio. Esto supone también un impacto en el derecho a la protección de la salud[4], establecido como un derecho de carácter universal, condicionado -en la práctica- a tener un empleo remunerado. En definitiva, tener acceso a un trabajo digno promueve la inclusión, el ejercicio de la ciudadanía plena y la participación de las personas con discapacidad psicosocial en los ámbitos civil, político, económico, social y cultural.
“El escaso o nulo conocimiento de las barreras que afectan a las personas con problemas de salud mental, unido a la falta de concienciación sobre la necesidad de derribarlas, perjudica gravemente sus derechos”, sostiene Nel González Zapico, presidente de SALUD MENTAL ESPAÑA. Y afirma que “es urgente mejorar, reforzar e impulsar medidas para que estas personas puedan acceder al empleo, empezando por su formación, pero también en lo referido a la impostergable adaptación de los puestos de trabajo, las cuotas de reserva de empleo público, además de la creación de cooperativas sociales y entornos protegidos enfocados a la inclusión social, por mencionar algunas medidas”.
Los recursos (material infográfico y audiovisual) de la campaña #EmplearSinBarreras se pueden descargar en este enlace.
Testimonios en primera persona
Jonathan Yuste Carrasco integra el Comité Pro Salud Mental en Primera Persona de SALUD MENTAL ESPAÑA y es socio de la Federación Salud Mental Región de Murcia. Tiene 36 años, comparte que vive en casa de su madre y tiene reconocido un 47% de discapacidad. Define que “hay personas que están a la cola de los derechos, y tener una discapacidad reconocida por debajo del 65%, por la falta de prestaciones económicas, nos deja más, si cabe, a la cola de las dificultades, dentro de las ya conocidas”, en el marco de lo que ocurre al tener un problema de salud mental.
Por su parte, María Isabel García Peña es integrante de la Red Estatal de Mujeres de SALUD MENTAL ESPAÑA y activista de Salud Mental Euskadi. García plantea que “la falta de empleo puede limitar a la persona en su proyecto de vida, impactando en muchos de sus derechos”. Analiza que, en efecto, dicha carencia “puede resultar discapacitante, sobre todo, cuando afecta significativamente a la capacidad de una persona para llevar una vida plena y autónoma”. En este marco, asegura que “el empleo no solo proporciona ingresos, sino también bienestar social, autoestima y oportunidades de desarrollo”, mientras que “el desempleo puede generar estrés, ansiedad y depresión”.
Yuste profundiza esta línea. Refiere que “muy en boga entre la gente está el tener un proyecto de vida, pero ¿a qué precio? Me cansé, hace tiempo, de escuchar las incansables promesas irradiadas, y aunque sigo adelante, la realidad es que, cuanto más tienes, más eres dentro de la sociedad”. Ejemplifica su punto con la evidencia cotidiana: “¿Cómo voy a independizarme, si no hay parque inmobiliario accesible y público?; ¿cómo voy a trabajar, si no hay un mínimo por ley en las empresas para personas con discapacidad?; ¿cómo voy a tener una vida independiente, si estoy sujeto a las posibilidades de mi entorno?; ¿cómo conseguir igualdad de contexto, si la meritocracia es un bulo demasiado férreo?; ¿cómo va a dejar de existir la estigmatización, cuando la sinceridad está en peligro de extinción?”.
García asegura que el desempeño de una actividad laboral, “además de proporcionar la oportunidad de desarrollar una conducta social, se convierte en una de las maneras de seguir sintiendo que se es útil a la sociedad, formando parte de ella”.
La importancia de revertir el enfoque capacitista
Irene Muñoz Escandell, asesora jurídica y coordinadora de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, hace referencia al artículo 27 de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Señala que “el derecho de estas personas a trabajar incluye tener la oportunidad de ganarse la vida, en igualdad de condiciones con las demás, mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles”[5]. En este marco, Muñoz afirma que, “a fin de que ese derecho no se convierta en ‘papel mojado’ para estas personas, se les ha de dar esa oportunidad de trabajar”.
La asesora jurídica y coordinadora de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de la Confederación parte de que “el trabajo es, con sus pros y sus contras, una plataforma imprescindible para desarrollar el propio proyecto de vida”. Mientras que sopesa que “maximizar la rentabilidad, poco menos que nos reduce a la condición de ‘piezas de un sistema’, en el que prima la productividad, aun a costa de que, en ese proceso, las mentes y los cuerpos se quiebren”.
Muñoz advierte que, en este contexto, se da la paradoja de que “proliferan sistemas, muchas veces, generadores de problemas de salud mental y, en consecuencia, reacios a incorporar a personas que ya tengan esos problemas”. Evidencia que, “en estas circunstancias, ya se sabe, si se rompe la ‘pieza’, se sustituye por otra”. Su análisis exhibe que, mientras se acepta “lo inaceptable”, se asumen “irremediables realidades sobre las que, simplemente, no nos hemos detenido a pensar, lo cual perpetúa un enfoque esencialmente capacitista y restrictivo de los derechos y libertades de las personas con problemas de salud mental”.
SALUD MENTAL ESPAÑA reivindica:
- Promocionar el empleo pleno y digno en personas con problemas de salud mental.
- Facilitar recursos e información adecuados para que la inserción sea posible.
- Alcanzar un 2% en la cuota reservada para discapacidad psicosocial en la Administración pública.
- Impulsar las figuras de agente de apoyo mutuo y asistente personal en la cartera de servicios de salud, como oportunidad laboral.
- Concienciar a las empresas sobre la generación de empleo digno para personas con problemas de salud mental, promoviendo una contratación justa.
- Crear condiciones laborales que rompan con la brecha salarial, en puestos de trabajo cualificados, acordes al conocimiento, capacidad y experiencia de la persona, sin perder de vista la perspectiva de género.
- Evitar la discriminación, el estigma y el paternalismo en el lugar de trabajo, partiendo de órganos de selección capacitados.
- Dotar a la persona de los apoyos necesarios en el puesto que desempeñe.
Desde la Confederación SALUD MENTAL ESPAÑA, se establece que el objetivo de la inclusión laboral exige facilitar al colectivo de personas con problemas de salud mental todos los apoyos necesarios que potencien el ejercicio de sus derechos, tomen las riendas de sus vidas y encabecen, en primera persona, iniciativas, acciones y propuestas.
El compromiso de SALUD MENTAL ESPAÑA con el empleo
Entre sus principales líneas de trabajo, la Confederación desarrolla programas y campañas que promueven la empleabilidad y la sensibilización. La campaña Trabajar sin máscaras, emplear sin barreras, busca concienciar a las empresas de la importancia del cuidado y la promoción del bienestar emocional en el ámbito laboral, así como de la necesidad de eliminar el estigma y cambiar el paradigma tradicional de contratación por uno que incluya a las personas con un problema de salud mental.
SALUD MENTAL ESPAÑA también ha publicado la guía ’La importancia de la salud mental para el bienestar laboral’ para el cuidado de la salud mental en entornos laborales y la prevención de los riesgos psicosociales. Además, desde la Confederación se impulsa el proyecto ‘Hub Genera. Faenando futuro’, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, cuyo objetivo es crear o revitalizar la creación colectiva de empleo y autoempleo de mujeres rurales con discapacidad psicosocial, a través de una forma de trabajo proactivo, interconectado e integral.
Asimismo, la publicación anual del ‘Informe sobre el estado de los Derechos Humanos en salud mental’ exhibe cómo el trabajo es fuente de identidad para la persona, favoreciendo sentimientos de utilidad y motivación, al tiempo que promueve sociedades más justas e inclusivas. En tanto, se ha evidenciado cómo, específicamente para las personas que tienen un problema de salud mental, el empleo digno tiene una función terapéutica, desplazando el rol de “persona enferma” por el de “persona trabajadora”.
[1] Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes a 2023.
[2] Organización Internacional del Trabajo (OIT). Salud mental en el trabajo (2017).
[3] Observatorio sobre discapacidad y mercado de trabajo en España (ODISMET) de la Fundación ONCE. Informe ‘La situación de las personas con discapacidad en el mercado laboral’ (2025).
[4] Artículo 43 de la Constitución Española de 1978, Ley General de Sanidad (Ley 14/1986) y Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948).
[5] ONU. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006).